La Mesa de Diálogo MLK reclama un mejor trato para Puerto Rico

Manifestación el jueves, 21 de octubre de 2021 frente al Capitolio de Puerto Rico (Foto: Michelle Muñiz)

La Mesa de Diálogo Martin Luther King (MDMLK) expresa su repudio al Plan de Ajuste de Deuda acordado entre la Junta de Control Fiscal y los más poderosos acreedores del país. Este acuerdo amarrará las manos de todos los gobiernos de Puerto Rico por los próximos 25 años, comprometiendo una cantidad imposible de pagar sin someter al pueblo a aún mayores penurias y sufrimiento, acelerando la emigración y dejando al país sin esperanzas de salir de la depresión que ya lleva 15 años.

Al aprobarse en 1952 la Constitución de Puerto Rico, se incluyó una cláusula que prometía un sobrio respaldo a los compromisos contraídos por el país, pero que resultó ser un error terrible: sucesivos gobiernos lo utilizaron como aliciente para endeudar al país y enriquecer a la élite local junto a los acreedores, para quienes el endeudamiento de Puerto Rico representó, y aún representa, un negocio redondo. 

La misma Constitución también contiene una salvaguarda contra la situación en la que nos encontramos: la deuda no podría exceder de un 15% de los ingresos del gobierno. Perversamente, los gobiernos, que se volvieron adictos a emisiones de bonos para repartir contratos, encontraron formas de evadir aquel límite constitucional, convirtiéndolo en letra muerta y aumentando la deuda a niveles insostenibles, sin considerar –o sin importarles– que eventualmente habría que pagar el precio terrible que ahora se nos quiere cobrar.

El mismo sector financiero, incluyendo las casas acreditadoras, apoyó este endeudamiento, resaltando la “triple exención” contributiva de los bonos puertorriqueños e ignorando que se emitían en violación a la misma Constitución que garantizaba su repago. 

Tras la quiebra en 2015, el Congreso norteamericano actuó únicamente a favor de los sectores más poderosos de Wall Street, que aprovecharon la desesperación de bonistas individuales comprando deuda de Puerto Rico a una fracción de su valor. La aprobación de la ley PROMESA privó a Puerto Rico del proceso de quiebra que cobija a otras jurisdicciones de Estados Unidos, creó la Junta de Control Fiscal y le dio poder para negociar a nombre del pueblo de Puerto Rico. Esa Junta pactó, primero con los bonistas de COFINA y ahora con los del Fondo General, para hacer “planes de pago” absolutamente insostenibles para nuestro futuro, a la vez que impuso recortes draconianos a los servicios de los cuales depende nuestra población.

PROMESA prometió un plan de desarrollo económico para Puerto Rico, pero un grupo bipartidista del Congreso rindió en 2016, sin pena ni gloria, un informe inconcluso, a la vez que la Junta de Control Fiscal entró en funciones. En ese momento, gran parte del pueblo puertorriqueño pensaba que la Junta iba a poner fin a la corrupción del gobierno colonial. Ahora sabemos cuán vanas eran esas esperanzas.

Manifestación el jueves, 21 de octubre de 2021 frente al Capitolio de Puerto Rico (Foto: Michelle Muñiz)

Aunque hubo enfrentamientos entre la Junta y la administración de Ricardo Rosselló, en el fondo ambos trabajaban a favor de los intereses que representaban: la JCF, a los bonistas más poderosos de Wall Street; el gobierno, a las entidades locales que se siguieron beneficiando con contratos y acuerdos leoninos. En el 2017 se destruyó la Comisión para la Auditoría de la Deuda, que hubiera podido constatar la ilegalidad de gran parte de la deuda, y fijar responsabilidades por la irresponsabilidad criminal que llevó a su emisión. El acuerdo de COFINA fue vergonzosamente aprobado por la Legislatura de Puerto Rico, casi sin debate, tarde en una noche del 2017. La Junta sigue imponiendo recortes desproporcionados a la UPR y otros servicios imprescindibles para el bienestar de cualquier pueblo, y el gobierno apenas protestó.

Ahora, a 5 años de PROMESA, el acuerdo con los bonistas del Fondo General ha sido detenido por el momento, gracias a la oposición masiva de amplios sectores del país. 

En esta coyuntura, la MDMLK denuncia los pecados de corrupción y usura, así como hicieron los profetas en los tiempos bíblicos. Llamamos al pueblo cristiano a entender la situación que vivimos como una absolutamente contraria a los valores del Reino de Dios, y a reclamar, junto con los sectores que protestan, que se rechace este acuerdo por su crueldad para con “el huérfano y la viuda” en medio nuestro: las personas más vulnerables de nuestro país quienes más necesitan un gobierno solvente que le provea servicios necesarios: salud, educación, agua y luz, protección de diversos tipos, y la esperanza de un mejor porvenir.

Proclamamos la necesidad de ver la economía y la deuda desde la perspectiva bíblica del jubileo: primero la vida humana, primero la unidad de las familias y la integridad del patrimonio. Los usureros ya recibieron más que suficiente. Reclamamos poder construir un país con esperanza y libertad, sin la sentencia de la deuda impagable que nos pretende imponer la Junta de Control Fiscal. 

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